En un golpe inesperado que ha sacudido el corazón de Bolivia, el presidente Rodrigo Paz decretó este miércoles la eliminación total de los subsidios a los combustibles, elevando los precios de la gasolina especial un 86% y del diésel un abrumador 163%. La medida, enmarcada en una declarada «emergencia económica», busca frenar el contrabando y ahorrar miles de millones de bolivianos, pero ya genera una reacción polarizada: transportistas analizan la posibilidad de paralizar ciudades como Santa Cruz y El Alto, con marchas y bloqueos, mientras el Gobierno promete compensaciones como un alza del 20% al salario mínimo.

Desde el Palacio de Gobierno, Rodrigo Paz Pereira irrumpió en cadena nacional la víspera para anunciar el Decreto Supremo 5503, un paquete de reformas que pone fin a dos décadas de subsidios estatales a los hidrocarburos. «No abandonamos al pueblo, activamos la justicia y el orden», proclamó el mandatario, argumentando que Bolivia gasta Bs 14.000 millones este año solo en mantener precios artificialmente bajos, con un 30% del combustible desviado al contrabando hacia países vecinos. La corrupción en entidades como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) también fue señalada como un cáncer que drena divisas, justificando la «sinceración» de la economía mediante importaciones privadas y la salida del diésel de la lista de sustancias controladas.

Los números son crudos: la gasolina especial pasa de Bs 3,79 a 6,96 por litro; el diésel, vital para el transporte y la agroindustria, salta de Bs 3,74 a 9,80 –un incremento que Paz califica de «necesario para recuperar recursos y redistribuirlos con transparencia». Otros combustibles no escapan: la premium llega a Bs 11,00 y el kerosene a 5,64. El Gobierno proyecta ahorrar Bs 15.547 millones en 2026, dividiendo los fondos 50/50 entre el Estado central y los gobiernos subnacionales, un gesto que Paz presenta como «redistribución real» frente a la «demagogia de los culpables silenciosos».

Pero en las calles, el eco es de furia. En Santa Cruz, la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte (Fedectrans) decretó un paro indefinido tras una reunión de emergencia, advirtiendo que el alza disparará pasajes y frenará la economía regional. En El Alto, la Central Obrera Regional (COR) y organizaciones sociales bloquearon la ruta hacia La Paz, dando 24 horas al Ejecutivo para revocar el decreto, con consignas como «¡No al neoliberalismo disfrazado!» Voces en redes sociales lo tildan de traición a la campaña electoral, donde Paz juró no tocar los costos energéticos: «Los ajustes más abruptos en décadas, puro neoliberalismo», tuiteó un activista paceño, sumando cientos de reposts de indignación.

No todo es rechazo. Algunos analistas y hasta el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aplaudieron las «reformas valientes» por cortar el «despilfarro» y golpear a la «mafia del contrabando», viendo en ello un paso hacia la estabilidad fiscal. Para compensar, Paz anunció un bono para los más vulnerables: el salario mínimo subirá de Bs 2.750 a 3.300 (equivalente a unos 474 dólares) desde el 2 de enero de 2026; la Renta Dignidad a Bs 500 y el Bono Juancito Pinto a Bs 300 por estudiante. «Medidas concretas, financiadas y ejecutables», insistió, prometiendo asistencia social focalizada en transportistas y agroproductores.

Esta mañana, filas interminables en estaciones de servicio reflejan la incertidumbre: Bolivia, que importa 90% de su diésel y 60% de gasolina, despierta con el temor a una espiral inflacionaria y con voces que susurran: ¿quién pagará el precio de esta «emergencia»?

Bolivia pende de un hilo: ¿conducirá esta polarización a un diálogo nacional o a semanas de caos vial y social? El Gobierno apela a la calma, pero los bloques en El Alto y Santa Cruz auguran tensiones. En Radio El Cacique, la voz de los Gorgotokis, seguiremos tejiendo la verdad con hilos de justicia, recordando que el pueblo no es rebaño, sino río que arrastra a los poderosos si no escuchan.

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