Juan Carlos Huarachi, exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), fue aprehendido este domingo en La Paz tras declarar ante la Fiscalía por cargos de enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias y concusión. La detención se produce en medio de una investigación que revela presuntos pagos irregulares de hasta 40.000 bolivianos mensuales recibidos durante su gestión sindical.

La captura de Huarachi ocurrió inmediatamente después de su interrogatorio en la unidad especializada de delitos de corrupción de la Fiscalía, donde salió esposado del edificio fiscal. El fiscal Aldo Meza solicitó prisión preventiva, argumentando que existen «indicios suficientes» de irregularidades financieras vinculadas a su rol en la COB, entidad que abandonó en 2024 tras tensiones internas. La denuncia, presentada por el abogado Abel Loma en representación de Claudia Cortez –quien se presenta como testigo clave–, incluye documentación que supuestamente vincula al exdirigente con coimas y extorsiones.

Durante la audiencia inicial, Meza presentó evidencias que detallan los presuntos sobornos, los cuales habrían sido cobrados de manera sistemática durante años. «Estos hechos representan un grave atentado contra la transparencia en el movimiento obrero boliviano», declaró el fiscal, enfatizando la necesidad de medidas cautelares para evitar riesgos procesales. La investigación se centra en pagos irregulares que Huarachi habría recibido como condición para influir en decisiones sindicales, afectando la integridad de la COB, principal central obrera del país.

Por su parte, la defensa de Huarachi rechazó categóricamente las acusaciones, calificando la aprehensión como «ilegal» y de corte político. «Esto es una represalia orquestada por el entorno del presidente Luis Arce, motivada por nuestras diferencias pasadas», sostuvo uno de los abogados en declaraciones a la prensa afuera de la Fiscalía. El imputado, quien se declaró inocente en etapas previas del proceso, ha sido una figura controvertida en el sindicalismo boliviano, marcado por liderazgos polarizantes y alianzas fluctuantes con el gobierno.

El caso, que sigue en desarrollo, tiene programada una audiencia de medidas cautelares en las próximas horas. Fuentes judiciales indican que la pesquisa podría extenderse a otros exfuncionarios de la COB, ampliando el escrutinio sobre la gestión financiera del sindicato. Mientras tanto, la detención de Huarachi genera repercusiones en el movimiento obrero, donde voces disidentes exigen una depuración interna para restaurar la confianza pública. El Ministerio Público reitera su compromiso con la lucha contra la corrupción, en un contexto de creciente presión social por mayor accountability en las instituciones.