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Autoridades de la Chiquitania y ejecutivos de YPFB acuerdan plan de emergencia para garantizar el abastecimiento de combustible en la región

En medio de una creciente preocupación y la presión del sector transporte ante el desabastecimiento, autoridades municipales de San Ignacio de Velasco, San José de Chiquitos, Pailón y San Rafael, junto a la Subgobernación de la provincia Chiquitos, el Comité Cívico y sectores movilizados, concretaron este sábado una reunión de emergencia con ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para pactar la restitución e incremento de los cupos de combustible en la región chiquitana.

El encuentro, desarrollado en las dependencias de YPFB en San José de Chiquitos, contó con la presencia de la presidenta del Concejo Municipal de San José, Lic. Susana Vaca Peña, el concejal Johan Espinoza Mader, y la subgobernadora provincial Hermilina Conde Hoffman, así como el Presidente del Concejo Municipal de San Ignacio. La comitiva regional exigió respuestas concretas ante la interrupción en el suministro de gasolina y diésel que afectaba directamente la economía productiva y las actividades diarias de la población.

Como resultado de las negociaciones, se aprobó un cronograma de distribución e incremento progresivo de volúmenes para atender la demanda urgente:

  • Atención inmediata de saldos (hasta el domingo 27 de septiembre): Despacho de los volúmenes faltantes del sábado a razón de 10.000 litros por estación de servicio.

  • Lunes 28 de septiembre: Asignación garantizada de 5.000 litros por surtidor.

  • Martes 29 de septiembre: Ingreso en operación plena de YPFB Refinación con un flujo continuo de 10.000 litros diarios por surtidor.

  • Gestiones operativas a mediano plazo: Compromiso de YPFB Comercial para tramitar ante YPFB Refinación y la Gerencia de Productos Derivados y Transporte (GPDT) el mantenimiento de los cupos regulares hasta el 12 de octubre de 2026.

Este acuerdo regional se da en el marco de las intensas tratativas entre el Gobierno Central, YPFB y la cadena logística de cisterneros a nivel nacional para regularizar la distribución en los diferentes departamentos. Las autoridades locales manifestaron que se mantendrán en permanente fiscalización y control social para verificar el estricto cumplimiento de la programación acordada desde la planta de distribución de San José.


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