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Comité Cívico Nacional de Provincias de Bolivia Exige Acciones Urgentes ante la Crisis Nacional

En un encuentro histórico, el Comité Cívico Nacional de Provincias de Bolivia, representando a 70 provincias, ha emitido una resolución contundente dirigida al país, denunciando una profunda crisis económica y exigiendo acciones inmediatas por parte del gobierno.
El comité denuncia una situación insostenible, caracterizada por la escasez de combustibles, la corrupción institucionalizada, el despilfarro de recursos estatales y la desatención a las necesidades del pueblo.
Demandas Clave:
Crisis de Combustibles: Se exige a cada departamento la elaboración de leyes para permitir la importación y venta directa de carburantes.
Corrupción en YPFB: Se solicita al Parlamento Nacional una investigación sobre denuncias de corrupción y la protección de los denunciantes.
Gastos Estatales: Se demanda la eliminación de presupuestos para alimentación y bebidas en el aparato estatal.
Inflación y Canasta Básica: Se exige la liberación de exportaciones, la creación de la Bolsa Agrícola de Bolivia, auditorías a EMAPA y ferias municipales para controlar los precios.
Abandono de Provincias: Se pide la reducción del 50% del gasto público y cargos estatales.
El comité exige el cierre de empresas estatales deficitarias, la liberación de competencias autonómicas, la unión de la oposición democrática, y el cese de la persecución a cívicos.
Se anuncia el bloqueo de instituciones estatales el 25 de abril por 24 horas.
Advertencia:
El comité advierte que intensificará sus medidas de presión si no se atienden sus demandas, y se declara en movilización permanente.
El Comité Cívico Nacional de Provincias de Bolivia, con un tono firme y decidido, busca generar un cambio radical en la forma en que se están administrando los recursos de Bolivia, y la forma en que se trata a las provincias del país.
Representación:
El Comité Cívico Nacional de Provincias de Bolivia afirma representar a 70 provincias cívicas de la «Bolivia profunda».
Esta resolución marca un punto de inflexión en la relación entre las provincias y el gobierno central, y plantea un desafío significativo para la estabilidad política y económica del país.