Una importante comitiva conformada por el presidente de la Central Indígena Turubó, Carlos Alba; representante del Control Social, dirigentes, caciques y comunarios de las comunidades indígenas Chiquitanas, se apersonó hoy a la Subgobernación Provincial. El objetivo principal fue entregar documentación y solicitar de manera urgente al Subgobernador información sobre el estado de avance de las personalidades jurídicas de sus comunidades, un trámite que denuncian lleva años postergado.

Las autoridades indígenas exigen al Gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera, la promulgación inmediata de la reglamentación necesaria que permita a las comunidades iniciar los trámites de actualización de sus personerías jurídicas. «Hemos venido peregrinando con este tema durante nueve largos años», expresó un vocero de la comitiva. «Hoy, junto a nuestras autoridades y el directorio en pleno, con el apoyo de nuestro control social, hemos dejado una nueva solicitud a nuestro gobernador, don Mario Aguilera, exigiéndole desde San José de Chiquitos que dé viabilidad a esta necesidad impostergable».

La frustración de las comunidades es palpable. Hace dos años se modificó la Ley N° 50 de personalidades jurídicas, y desde hace un año se encuentran a la espera de la reglamentación que el Gobernador Aguilera debe promulgar. «No puede ser posible que sigamos peregrinando. Este beneficio no es solo para el pueblo chiquitano, es para los cinco pueblos indígenas del departamento», enfatizaron.

Los líderes indígenas recordaron que el gobernador Aguilera entregó personalidades jurídicas a comunidades campesinas en San José de Chiquitos el pasado 26 de febrero, y demandan la misma celeridad y voluntad política para las comunidades indígenas originarias. «Así como fue tan valiente de venir a entregar esas personerías, que también dé viabilidad a nuestras comunidades indígenas», señalaron.

La falta de actualización de sus personerías jurídicas ha tenido consecuencias directas, impidiendo el acceso a proyectos de desarrollo. «Comunidades del norte, ocho de ellas adscritas a la Central Turubo, bloquearon a fines de 2024 por la necesidad de energía eléctrica. Se elaboró el perfil del proyecto, pero el resultado fue que, por no tener actualizada nuestra personería jurídica, no se nos puede atender», denunciaron. Incluso mencionaron con indignación que funcionarios de la gobernación les han sugerido crear «nuevas fundaciones» para comunidades con más de 300 años de historia, mientras que, según afirman, «comunidades campesinas que no tienen ni cinco años ya tienen personería jurídica actualizada».

Las comunidades se declaran en estado de emergencia y advierten con tomar otras medidas si no son escuchadas. «Hemos quedado en seguir visitándolo, caso contrario, vamos a tomar otras medidas. El pueblo chiquitano se va a levantar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias», afirmaron, subrayando que su actuar inicial ha sido pacífico, «como lo hacemos los pueblos chiquitanos, como lo hacemos los verdaderos nativos».

Recordaron también un voto resolutivo previo que establecía un plazo hasta el 22 de mayo para recibir una respuesta de la gobernación, plazo que no fue cumplido. «Estamos cansados de que se nos vengan haciendo la burla. A partir de la próxima semana iniciaremos acciones bien concretas, y si es posible, llegaremos nuevamente hasta la gobernación con todos nuestros caciques para hacer presión».

«Supuestamente, las comunidades indígenas del Oriente Boliviano son protegidas por la gobernación de Santa Cruz; sin embargo, eso queda sólo en discurso. Ya no vamos a permitir que nos sigan pisoteando en nuestra propia casa», concluyeron los representantes indígenas.