El periodista Guider Arancibia Guillén, con más de 40 años de trayectoria en el diario El Deber, fue despedido abruptamente del medio cruceño, en un hecho que gremios periodísticos condenan como una represalia por su denuncia pública de una agresión sufrida en el aeropuerto El Trompillo a manos del piloto de Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce Catacora. La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y otras nueve asociaciones regionales rechazaron el despido como «injustificado» y un atentado a la libertad de expresión.

Guider Arancibia, reconocido por su especialización en temas de seguridad, justicia y crimen organizado, denunció el 22 de agosto pasado haber sido agredido físicamente y despojado de su equipo de trabajo por el capitán de aviación Jaime Rodríguez, piloto asignado a Rafael Arce Mosqueira. El incidente ocurrió mientras cubría un evento en el aeropuerto El Trompillo de Santa Cruz, donde Arancibia se identificó como periodista de El Deber, pero fue insultado, expulsado y amenazado con violencia. La denuncia, respaldada por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), incluyó al menos seis delitos imputables al agresor, como lesiones, robo agravado y obstrucción al ejercicio periodístico.

El despido de Arancibia se concretó días después de la denuncia, sin explicación oficial por parte de la dirección de El Deber, lo que generó una ola de indignación en el gremio. La ANPB emitió un comunicado este jueves calificando el hecho como un «mensaje de censura y amedrentamiento» hacia la prensa boliviana, especialmente en un contexto de presiones políticas y empresariales. «Lejos de recibir respaldo institucional y garantías para ejercer su labor, el periodista fue apartado sin explicación alguna», señaló el documento, que exige al Ministerio de Trabajo y a organismos de derechos humanos una investigación inmediata para esclarecer las razones del despido y proteger a los comunicadores frente a represalias.

Arancibia Guillén, también abogado de profesión, ha sido una figura clave en el periodismo boliviano durante cuatro décadas, mayoritariamente en El Deber, donde ha liderado coberturas de alto impacto sobre narcotráfico, corrupción y seguridad ciudadana. Su trayectoria incluye reconocimientos internacionales por investigaciones que han expuesto redes criminales transnacionales, como la denuncia en 2015 sobre aviones militares cargados con drogas entre Bolivia y Venezuela, o el caso de camionetas incautadas al narco usadas en ataques durante paros cívicos en Santa Cruz en 2021. No obstante, su labor ha estado marcada por riesgos constantes: amenazas de muerte del narcotráfico, amedrentamientos gubernamentales y hasta la sospecha de que el asesinato de su madre en 2015 fue un intento indirecto contra él por sus publicaciones.

El contexto del despido agrava las tensiones en El Deber, un medio fundado en 1954 que se consolidó como referente de la prensa independiente en Bolivia. Desde su venta a nuevos propietarios en años recientes, el diario ha enfrentado críticas por la salida de figuras emblemáticas y un supuesto alejamiento de su esencia investigativa, priorizando contenidos más comerciales. Periodistas como Fabiola Chambi y Mery Vaca, en redes sociales, expresaron solidaridad con Arancibia y cuestionaron si el medio respalda a sus trabajadores en momentos críticos. «Alzamos la voz cuando las arremetidas vienen del poder político. No puede ser menos cuando vienen del poder empresarial», escribió Chambi en X (ex-Twitter), reflejando el malestar colectivo.

La agresión en El Trompillo no es un caso aislado en la carrera de Arancibia. En julio de 2023, recibió amenazas telefónicas de Douglas Lima Lobo, vinculado al narcotráfico, tras publicar sobre una avioneta cargada de cocaína caída en Argentina. En 2021, la Fiscalía lo citó como «denunciado» por revelar irregularidades en vehículos estatales usados en bloqueos, un hecho que El Deber defendió invocando la Ley de Imprenta. Estos episodios subrayan un patrón de hostigamiento que, según la ANPB, vulnera las garantías democráticas y la protección constitucional al ejercicio periodístico.

En redes sociales, el despido ha generado un torrente de reacciones. Cuentas como @reddtvoficial y @noticiasfides destacaron la exigencia gremial de justicia, mientras que colegas como Noelia Echalar lo describieron como «40 años trabajando en un medio para que te despidan sin ninguna explicación». Videos y fotos de la agresión circulan en plataformas como YouTube y Facebook, amplificando el llamado a la solidaridad con Arancibia.

Hasta el cierre de esta edición, El Deber no ha emitido pronunciamiento oficial sobre el despido, ni la Fiscalía ha avanzado en la investigación de la agresión inicial, pese a demandas de celeridad por parte de la abogada Raquel Guerrero, representante legal de Arancibia. El caso refuerza preocupaciones sobre la libertad de prensa en Bolivia, donde, según la ANPB, «la protección del trabajo periodístico no es un favor, sino una obligación constitucional y ética». Gremios llaman a una vigilancia colectiva para evitar que este «fin de era» en El Deber se convierta en precedente para silenciar voces independientes.