Organizaciones indígenas, movimientos sociales y delegaciones de varios países, incluyendo Bolivia, se han movilizado intensamente en Belém durante la COP30 para presionar a los negociadores internacionales. En una serie de protestas que incluyeron bloqueos, flotillas fluviales y marchas masivas, los activistas denuncian que los mercados de carbono, los biocombustibles y la mercantilización de los bosques representan una amenaza directa a sus territorios ancestrales y desvían al mundo de acciones climáticas verdaderamente efectivas.

Las manifestaciones alcanzaron un pico el viernes 14 de noviembre, cuando miembros del pueblo Munduruku, junto a otros grupos indígenas, bloquearon la entrada principal al recinto de la COP30, exigiendo una reunión con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Portando pancartas con lemas como «Nuestros bosques no están en venta» y «No podemos comer dinero», los manifestantes irrumpieron en el venue, generando choques menores con la seguridad federal, que desplegó fuerzas antidisturbios. Según reportes de testigos, la protesta duró varias horas y culminó con una reunión entre líderes indígenas y el presidente de la COP30, André Correa do Lago, quien escuchó demandas por la demarcación inmediata de 107 territorios indígenas pendientes en Brasil.

Paralelamente, el «People’s Summit» –un foro alternativo organizado por más de 1.000 organizaciones civiles en la Universidad Federal del Pará– ha reunido a unos 5.000 activistas desde el 12 de noviembre. Delegaciones bolivianas, representando a pueblos como los guaraníes y quechuas, se unieron a la coalición, destacando cómo los biocombustibles derivados de la soja y el maíz en el Chaco boliviano han impulsado la deforestación y el desplazamiento forzado. «Estos mercados de carbono permiten que las corporaciones compren créditos para seguir contaminando, mientras nuestros ríos se secan y nuestras tierras son invadidas por mineros y agroindustrias», declaró un líder de la Articulación de Pueblos Indígenas de Bolivia (APIBOL), en un video viral compartido en redes sociales.

En redes como X (anteriormente Twitter), Instagram y TikTok, las imágenes de las protestas han circulado ampliamente. Cuentas como @IPSNewsUNBureau publicaron videos de jóvenes indígenas exigiendo «vida por encima de las ganancias», acumulando miles de interacciones. En Facebook, la página del Movimiento Ipereg Ayu del pueblo Munduruku compartió transmisiones en vivo de la flotilla de más de 100 embarcaciones en la Bahía de Guajará, donde activistas palestinos y amazónicos unieron sus luchas contra la «destrucción ambiental como arma». En YouTube, canales como el de Debt for Climate –un movimiento global del Sur Global– subieron documentales cortos sobre cómo la mercantilización de los bosques exacerba la crisis climática, con vistas superiores a 100.000 reproducciones en 48 horas. En TikTok, hashtags como #COP30Belem y #BosquesNoSeVenden han generado tendencias con bailes tradicionales indígenas fusionados con mensajes de resistencia, alcanzando audiencias juveniles en Latinoamérica y Europa.

Los activistas argumentan que mecanismos como los créditos de carbono, promovidos en las negociaciones de la COP30, no abordan las causas raíz del cambio climático, sino que facilitan la «greenwashing» corporativa. «La expansión de biocombustibles en la Amazonia, bajo el pretexto de energías renovables, ha destruido miles de hectáreas y afectado a comunidades que dependen de la biodiversidad», señaló un informe de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB), citado en publicaciones de Reuters. Delegados bolivianos, junto a representantes de la Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil (APIB), exigen un «Mecanismo de Transición Justa» (BAM, por sus siglas en inglés) que priorice derechos humanos y la soberanía territorial, respaldado por el G77 y China, que representa al 80% de la población mundial.

El sábado 15 de noviembre, la «Gran Marcha Popular» reunió a miles en las calles de Belém, en un ambiente festivo pero cargado de urgencia. Participantes portaron una pelota gigante simbolizando la Tierra y una bandera brasileña con la inscripción «Amazonia Protegida», mientras realizaban talleres de carteles y desfiles culturales como la Visagento, que evoca espíritus guardianes de la selva como el Curupira. La marcha, organizada por el People’s Summit y la COP das Baixadas, incluyó líderes amazónicos, extractivistas y movimientos juveniles, culminando cerca del venue oficial sin incidentes mayores. «Estamos aquí para recordarles a los delegados que la COP no es solo números en un papel; es nuestra supervivencia», afirmó una activista de la juventud indígena en una entrevista con Al Jazeera.

Estas acciones se enmarcan en un contexto de tensiones crecientes: la construcción de una autopista de 13 km para el evento destruyó miles de árboles en la Amazonia, afectando a recolectores locales de açaí sin compensación, según denuncias en X. Además, lobbistas de combustibles fósiles superaron récords de asistencia, contrastando con la sequía y los incendios que azotaron la región entre 2023 y 2025.

A medida que la COP30 entra en su segunda semana –con días temáticos dedicados a bosques, océanos y comunidades indígenas los próximos 17 y 18 de noviembre–, los movimientos sociales insisten en que sin inclusión real de voces del frente de batalla, las promesas climáticas seguirán siendo «insanas», como las describió el exvicepresidente de EE.UU., Al Gore. La presión externa podría influir en las negociaciones finales, programadas para el 21 de noviembre, pero los activistas advierten: «Belém debe ser un punto de inflexión, no otro fracaso». Mientras tanto, las redes sociales continúan amplificando sus demandas, convirtiendo la resistencia amazónica en un llamado global por justicia climática.