Dos reclusos brasileños de alta peligrosidad, vinculados al Primer Comando da Capital (PCC), se fugaron en la madrugada de este miércoles del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad San Pedro de Chonchocoro, en el departamento de La Paz, utilizando una escalera improvisada para escalar una torre de vigilancia. El escape, detectado alrededor de las 03:50 horas, ha derivado en la aprehensión del director del penal y seis efectivos policiales, avivando críticas sobre las fallas estructurales y humanas en una cárcel diseñada para contener a los criminales más peligrosos de Bolivia.

El incidente se registró en la torre 2 del penal, donde el personal de servicio interno alertó sobre la presencia de una escalera apoyada en la estructura perimetral. Inmediatamente, el jefe de seguridad ordenó un control exhaustivo y una requisa en los bloques y sectores, confirmando la ausencia de los internos en sus celdas. Los prófugos, identificados como Jangledson de Oliveira y Óscar Junior Terra Días de Floriano, cuentan con extensos antecedentes por delitos graves, incluyendo asesinato, asociación delictiva y organización criminal. Ambos eran clasificados como de «alto riesgo» y custodiados bajo estrictos protocolos, pero lograron vulnerar los controles perimetrales sin que se activaran alarmas oportunas.

Esta evasión no es un hecho aislado en Chonchocoro, el penal de máxima seguridad del país, inaugurado en 2008 con tecnología de punta para prevenir fugas. En los últimos meses, el recinto ha sido escenario de escapes reiterados que exponen vulnerabilidades en la vigilancia y posibles complicidades internas. El caso más notorio ocurrió el 10 de junio de 2025, cuando el brasileño Andrés Luis Xavier Da Rocha –conocido como Felipe Edvaldo Meneses Iglesias y miembro del PCC– huyó por tercera vez, tras haber asesinado a un custodio en una evasión previa en 2023. En esa ocasión, Da Rocha escapó junto al chileno Víctor Ramírez Valenzuela, ambos de alta peligrosidad, lo que llevó a la aprehensión de tres policías por presunto favorecimiento y, posteriormente, a la destitución de un efectivo y la suspensión de otros dos. Aquella fuga involucró la incautación de fusiles de alto calibre y evidencias de forcejeo en las puertas, similares a las halladas ahora: signos de lucha y la presencia de un arma en el área de escape.

Autoridades del Ministerio Público han iniciado una investigación de oficio, catalogando la búsqueda de Oliveira y Terra Días como «prioridad máxima». La Fiscalía aprehendió al director del penal y a los seis policías involucrados, quienes fueron conducidos a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para interrogatorios. «Se ha advertido forcejeo en las puertas y la presencia de un arma, lo que sugiere posible ayuda interna», detalló un informe preliminar. Familiares de víctimas de Oliveira, quien está ligado a un asesinato previo en territorio boliviano, expresaron temor por su posible reincidencia, exigiendo mayor protección para testigos y un refuerzo inmediato en los protocolos de seguridad.

El Régimen Penitenciario boliviano enfrenta ahora un escrutinio nacional e internacional, con demandas de auditorías independientes para abordar cómo objetos como escaleras –presumiblemente fabricados o introducidos al interior– eluden los controles en un penal que alberga a más de 1.500 internos de perfil violento. Mientras las operaciones de rastreo se extienden a fronteras y ciudades vecinas como El Alto y Viacha, expertos en criminología advierten que estas fugas no solo liberan amenazas inmediatas, sino que erosionan la confianza en el sistema carcelario del país, urgiendo reformas estructurales antes de que el próximo escape haga historia.