La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), junto a las asociaciones departamentales del país, condenó de manera firme las agresiones verbales y descalificaciones que el vicepresidente Edman Lara dirigió recientemente a los medios de comunicación, en el contexto de las declaraciones sobre el conflicto en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.

En un comunicado público emitido este 13 de enero, la ANPB rechazó expresamente las afirmaciones del vicepresidente, quien acusó a la prensa de mentir y prestarse a engaños al informar sobre el proyecto exploratorio petrolero DMO-X3 (Domo Oso X-3). Lara señaló frases como: “Hermanos, no mientan, no hay un contrato para hacer la perforación que hoy día se llama DMO-X3. No hay (…) La prensa también no se preste a mentiras. ¿Dónde está la consulta previa? Muéstrenme el acta, qué comunidades han participado… Dejen de defender lo indefendible. No le mientan al pueblo”.

La organización gremial subrayó que los medios bolivianos han mantenido desde al menos 2015 —cuando se aprobó el Decreto Supremo 2366 que autorizó actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas— una cobertura permanente, crítica y documentada sobre la situación en Tariquía. Esta labor ha incluido la difusión de la resistencia de comunidades locales, que defienden su territorio y modos de vida ante la expansión petrolera, la falta de consulta previa adecuada, las denuncias de irregularidades en licencias ambientales y los pedidos para anular contratos y normativas extractivas.

La ANPB lamentó que el vicepresidente desconozca esta trayectoria informativa en un tema de interés nacional que involucra derechos ambientales, derechos de pueblos indígenas, procesos de consulta previa y la protección del patrimonio natural de Bolivia.

Entre las principales exigencias del comunicado, la asociación exhortó al vicepresidente Edman Lara y a todas las autoridades del Estado a:

• Reconocer y respetar la labor de los y las periodistas como actores indispensables para la transparencia y la rendición de cuentas.
• Evitar calificativos estigmatizantes que deslegitiman el periodismo y ponen en riesgo el libre ejercicio de informar.
• Canalizar discrepancias mediante argumentos fundamentados, datos públicos y diálogo institucional, en vez de descalificaciones.

El pronunciamiento cierra con una declaración contundente: “La libertad de expresión, la verdad y el derecho a la información no se intimidan”.

Este rechazo ocurre en medio de renovadas tensiones políticas y sociales alrededor del proyecto DMO-X3 en Tariquía, donde persisten debates sobre impactos ambientales, ubicación exacta de las operaciones y cumplimiento de consultas previas, temas que la prensa boliviana ha seguido de cerca durante más de una década.