La reciente decisión del gobierno boliviano de eliminar los subsidios a los combustibles ha puesto fin al lucrativo contrabando hacia Perú, donde revendedores peruanos ahora prefieren comercializar diesel y gasolina de su pais, cerrando un ciclo de años de importaciones ilegales que beneficiaban a transportistas y comerciantes fronterizos.

En las zonas fronterizas entre Perú y Bolivia, como Desaguadero y otras áreas de Puno, el panorama ha cambiado drásticamente en los últimos días. Antes de la medida anunciada por el presidente boliviano Rodrigo Paz el 18 de diciembre, el combustible boliviano subsidiado se vendía en Perú a aproximadamente 12 soles por galón (equivalente a unos 36 bolivianos), lo que lo hacía altamente competitivo frente al precio local de 14 soles para la gasolina y 14.90 soles para el diesel. Esta diferencia de precios impulsaba un flujo constante de contrabando, estimado en hasta el 15% del combustible importado por Bolivia, que se desviaba ilegalmente hacia países vecinos como Perú y Brasil.

Sin embargo, con la eliminación de los subsidios, los precios en Bolivia se han alineado o incluso superado a los peruanos, haciendo inviable el negocio. Testimonios locales confirman esta realidad. Una residente peruana, involucrada en el entorno del contrabando, relató: «Ayer mi esposo, que trabaja con carro, echaba combustible boliviano, el petróleo a 10, pero en la noche le dijeron que no están trayendo porque ha subido y ya no conviene. Solo conviene el peruano. Los que vendían boliviano ya no estaban vendiendo, y está bien eso porque ya es igualado al precio de Perú, aunque un poco menos, pero con el pasaje no conviene». Agregó que los trailers eran los principales beneficiarios, extrayendo el combustible en galpones y canchones para revenderlo con ganancia, pero ahora «ya no hay contrabando de diésel hacia este lado».

Expertos en hidrocarburos en Bolivia respaldan la medida, argumentando que cortará el contrabando y la corrupción asociada, aunque no sin costos sociales. Un estudio de Oxfam advierte que la eliminación podría aumentar la pobreza moderada en 2.5% y la extrema en 1.5% en Bolivia, lo que ha generado protestas de transportistas que ven afectados sus costos operativos. El gobierno boliviano ha compensado la quita con incrementos en el salario mínimo y bonos sociales, priorizando sectores como el agrícola y empresarial en la implementación.

Esta transformación no solo impacta a los revendedores peruanos, quienes han cerrado sus operaciones informales y optado por el combustible local, sino que también alivia presiones en el mercado peruano al reducir la competencia desleal. No obstante, persisten preocupaciones por posibles repercusiones económicas en las comunidades fronterizas, donde el contrabando era una fuente de ingresos informal durante la crisis económica boliviana de mediados de 2025. Analistas esperan que el diálogo entre gobiernos mitigue tensiones, asegurando estabilidad en la región.