Un fuerte contingente policial de al menos 60 uniformados desalojó ayer al mediodía a un grupo de ancianos indígenas chiquitanos que mantenían un punto de bloqueo en la zona de Guaracachi, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en apoyo a la demanda regional por el restablecimiento del tren convencional de pasajeros en la ruta Santa Cruz-Puerto Quijarro.

Los manifestantes, pertenecientes al pueblo chiquitano, instalaron el bloqueo en la línea férrea como parte de una medida de presión indefinida que se extiende desde el sábado 21 de febrero en al menos una docena de puntos estratégicos: Guaracachi, Pailón, Tres Cruces, San José de Chiquitos, Taperas, Ipias, El Portón, Roboré, Naranjos, Yacuses, Paradero y Puerto Quijarro. La acción busca impedir el paso de trenes de carga bajo la consigna “Sin tren de pasajeros, no habrá tren de carga”, argumentando que las comunidades indígenas y campesinas de la Chiquitanía sostuvieron históricamente el ferrocarril durante casi un siglo y exigen que se cumpla el fin social del servicio.

Durante el desalojo, los protagonistas de la protesta expresaron su indignación. Uno de los ancianos cuestionó: “¿Por qué se defiende a los privados sin antes verificar si están cumpliendo o no con las cláusulas de los contratos que establecían que el tren también tendría que tener un fin social, poniendo en funcionamiento nuevamente el tren económico de pasajeros que beneficia a los pueblos?”. Otro añadió: “¿Por qué no se actúa así con esa rapidez y contundencia contra el narcotráfico, la inseguridad o contra Evo Morales?”.

El conflicto surge a pocos días de la reactivación parcial del servicio ferroviario de pasajeros, anunciada por la Empresa Ferroviaria Oriental S.A. (FOSA) y el Gobierno nacional. A partir del 27 de febrero operará un ferrobús con capacidad para solo 42 pasajeros, en frecuencia semanal (viernes desde Santa Cruz y domingo desde Puerto Quijarro), con tarifa de Bs 150, como prueba piloto para evaluar demanda tras seis años de suspensión por la pandemia y baja afluencia. Las comunidades rechazan esta opción limitada y exigen el tren convencional de mayor capacidad, con paradas en todas las estaciones y precios accesibles, tal como funcionaba antes.

La Ferroviaria Oriental opera bajo concesión desde la década de 1990 y los contratos históricos incluyen obligaciones de servicio público de pasajeros, con mecanismos de compensación estatal por pérdidas en ese segmento. Los dirigentes cívicos y comunarios de la Chiquitanía sostienen que la empresa y el Estado deben priorizar el carácter social del ferrocarril antes de privilegiar únicamente el transporte de carga.

Hasta el cierre de esta edición, los bloqueos se mantenían en varios tramos de la vía férrea, sin que se reporten incidentes mayores de violencia, aunque el desalojo en Guaracachi generó denuncias de amedrentamiento por parte de los afectados. Autoridades locales y regionales han llamado al diálogo, mientras que los movilizados advierten que la medida continuará hasta que se concrete el retorno del “tren rápido normal de pasajeros” que, según ellos, es una deuda histórica con los pueblos del oriente boliviano.