Las comunidades que defienden el río San Lorenzo en el municipio de San José de Chiquitos denunciaron nuevas dilaciones en su demanda de justicia, tras la postergación de la audiencia de amparo constitucional prevista para el pasado viernes 6 de noviembre. La suspensión, atribuida a un error en la notificación por parte de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, profundiza el desgaste de los pobladores y acrecienta su profunda desconfianza en las instituciones del Órgano Judicial, a un año de haber obtenido una sentencia favorable que aún no se cumple.

Durante el verificativo judicial se constató que la notificación a uno de los terceros interesados, Raúl Añez Campos, presentaba un error en su nombre, equivocación proveniente de la Sala Plena del Tribunal Constitucional. A este problema se sumaron contradicciones en la acreditación de los abogados presentes, quienes cambiaron de representación entre los denunciados por la obstrucción del cauce en una propiedad ganadera de la región.

Pese a que el abogado de la parte accionante, Rodrigo Herrera, solicitó la continuidad de la audiencia argumentando que el interesado conocía el proceso, la Sala Constitucional Segunda —presidida por la vocal P. Barrón— rechazó el pedido. La instancia judicial determinó reprogramar el acto procesal para el próximo 1 de diciembre, a las 14:30, bajo el argumento de garantizar una notificación válida y evitar futuras nulidades.

Por su parte, la asesora jurídica de la Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos Turubó, Vanessa Barranco, calificó la situación como una “chicana procesal” destinada a cansar a los habitantes y cuestionó que el tribunal no adoptara medidas correctivas ante los errores formales.

Esta nueva postergación agrava un conflicto que se arrastra por años. En noviembre de 2025, las comunidades lograron un fallo favorable del Juzgado Agroambiental de Roboré (Sentencia 06/2025) que ordena remover las infraestructuras y restituir el cauce del río San Lorenzo. Sin embargo, denuncian que la causa acumula cerca de ocho meses de retraso y presuntas irregularidades por parte de la magistrada agroambiental Roció Vasques.

Frente a la falta de respuestas efectivas y una sentencia que no se traduce en la restitución de su fuente de vida, las comunidades advirtieron que evaluarán otras vías para exigir justicia, al considerar que la prolongación del proceso vulnera sus derechos fundamentales y pone en riesgo su territorio.