El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de San José de Chiquitos, junto a representantes de este gremio y la Defensoría del Pueblo, exigió formalmente sanciones disciplinarias y penales contra dos efectivos de la Policía Boliviana identificados como los oficiales Alanoca y Ocampo, tras ser grabados agrediendo física y verbalmente al periodista Darío Mendoza Ribera, de Canal 13 Educativo Municipal, durante un control vehicular acaecido el pasado 25 de septiembre.

El hecho se desencadenó en las inmediaciones del surtidor Bianca cuando Mendoza, quien se dirigía a realizar coberturas informativas relacionadas con el abastecimiento de combustible, se detuvo a responder una llamada telefónica. En ese momento, fue interceptado por una patrulla policial cuyos efectivos le solicitaron su licencia de conducir y el casco de protección. Al reconocer que no contaba con la documentación ni el casco en ese instante, el comunicador solicitó que se le emitiera la boleta de infracción correspondiente conforme a norma; sin embargo, los uniformados intentaron confiscar su motocicleta de manera arbitraria.

Al percatarse de los abusos y los insultos por parte de los efectivos, Mendoza sacó su dispositivo móvil para registrar la intervención, momento en el que fue atacado físicamente por ambos policías, quienes jalonearon e intentaron arrebatarle el teléfono hasta tirarlo al suelo. «Saco mi teléfono para grabar y es donde me agreden físicamente. Me jalonean para quitarme la motocicleta. Asimilo si he cometido una infracción, pero la agresión por parte de quienes supuestamente deben cuidarnos no se debe dar», aseveró la víctima tras presentar una denuncia formal ante el Comando Provincial con copia al Comando Departamental.

Ante estos hechos, el Ejecutivo del Sindicato de la Prensa en San José de Chiquitos, Flavio Ulises Pesoa Justiniano, expresó el total respaldo de los más de 30 trabajadores de la prensa afiliados en la región y confirmó la activación de acciones legales e institucionales. Pesoa informó que la Defensoría del Pueblo (con sede en Puerto Suárez) actúa de oficio e interpuso requerimientos legales, mientras que la asesoría jurídica del gremio formalizará querellas por abuso de autoridad e impedimento al ejercicio del derecho a la información. En el marco normativo, el gremio respaldó su demanda citando la Constitución Política del Estado (Art. 106 y 15), la Ley de Imprenta de 1925 y la Ley Orgánica de la Policía Nacional (Ley N° 734), la cual obliga a los funcionarios a velar por el orden bajo el estricto respeto de los derechos humanos.

El gremio periodístico josesano se declaró en estado de emergencia y advirtió que fiscalizará de cerca el accionar policial para evitar violaciones a las garantías constitucionales y agresiones a la ciudadanía. «Hoy le ha tocado a Darío, pero mañana puede ser cualquier ciudadano. Pedimos al Comandante Regional y al Comandante de la Chiquitanía que pongan sus buenos oficios, sancionen a estos policías y no los devuelvan a ejercer funciones en este municipio», concluyó Pesoa.