En una jornada marcada por protestas carcelarias, vigilias ciudadanas y decisiones judiciales pendientes, el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz instaló audiencias para revisar las detenciones preventivas de los opositores Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari y Jeanine Áñez, en el marco del caso «Golpe I» relacionado con los eventos de noviembre de 2019 que llevaron a la renuncia de Evo Morales.

Estas acciones responden a un instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitido días atrás, destacando un posible abuso en el uso de la detención preventiva, y han generado reacciones divididas entre sectores políticos y la población privada de libertad.

El día inició con tensiones en los penales bolivianos, donde internos se declararon en «estado de emergencia pacífica nacional» exigiendo igualdad ante la ley, al considerar que la revisión ordenada por el TSJ favorece selectivamente a figuras opositoras mientras miles permanecen detenidos sin sentencia. Esta medida del TSJ, firmada por su presidente Romer Saucedo el 22 de agosto, instruyó verificar los plazos legales de las detenciones de Áñez, Camacho y Pumari, argumentando un «uso abusivo» de esta figura procesal.

Según datos oficiales, el 58,2% de los 33.275 privados de libertad en Bolivia están en detención preventiva, lo que ha amplificado las demandas de una revisión generalizada.

Cronológicamente, los acontecimientos se desarrollaron de la siguiente manera. Durante la madrugada del 25 de agosto, Marco Antonio Pumari, exlíder cívico de Potosí detenido desde diciembre de 2021 en el penal de Cantumarca, fue trasladado bajo estricto resguardo policial a la cárcel de San Pedro en La Paz para asistir a la audiencia programada a las 14:00 horas. Al llegar, Pumari expresó un breve «Viva Bolivia» antes de ingresar, mientras internos del penal iniciaban un mitin con pancartas que rezaban «Todos somos iguales ante la ley» y «No al favoritismo político».

Similarmente, Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz y detenido en Chonchocoro desde diciembre de 2022, fue trasladado al TDJ de La Paz para la misma sesión. Su defensa, encabezada por Martín Camacho, argumentó que la detención ha sido «una sentencia condenatoria anticipada», solicitando libertad irrestricta por exceso en los plazos procesales.

Paralelamente, Jeanine Áñez, expresidenta interina condenada a 10 años en el caso «Golpe II» pero con detención preventiva en «Golpe I», participó en una audiencia virtual por el caso Senkata, relacionado con muertes durante protestas en 2019. El tribunal determinó que Áñez no debe ser juzgada por vía ordinaria, sino mediante un juicio de responsabilidades, anulando obrados previos y marcando un precedente que podría extenderse a sus otros procesos.

La audiencia conjunta para Camacho y Pumari, instalada en el Salón Rosado del TDJ a las 14:00, atrajo vigilias de activistas y simpatizantes que coreaban «¡Libertad, libertad!» fuera del edificio. Dentro, la defensa de Pumari denunció que su cliente llegó en malas condiciones físicas tras el traslado nocturno, sin descanso ni alimentación adecuada.

Tras argumentos sobre proporcionalidad y razonabilidad, el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción declaró un cuarto intermedio hasta el martes 26 de agosto a las 08:45, en respuesta a un recurso de revisión de riesgos procesales presentado recientemente. Al concluir la sesión, Camacho y Pumari fueron devueltos a sus penales entre voces de apoyo, mientras grupos como la Unión Juvenil Cruceñista expresaban esperanza en una liberación inminente.

En el contexto más amplio, estas audiencias responden a presiones postelectorales, con críticas de la viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, quien tildó la medida del TSJ de «política» por aplicarse selectivamente tras las elecciones. Por el contrario, figuras internacionales como la venezolana María Corina Machado celebraron la posible liberación como «un acto de justicia», destacando la «firmeza» de los detenidos. Además, el TSJ extendió su orden a verificar todas las detenciones preventivas en el país, respondiendo a reclamos de internos en penales como Palmasola y Villa Busch.

Este episodio judicial no solo pone en tela de juicio el manejo de la detención preventiva en Bolivia, sino que podría reconfigurar el panorama político opositor, permitiendo a Camacho retomar su gobernación y a Pumari reencontrarse con su familia.

Mientras tanto, las protestas carcelarias continúan, recordando que la justicia debe ser equitativa para evitar percepciones de favoritismo. La resolución final, prevista para mañana, podría marcar el fin de una era de prisiones políticas o avivar debates sobre impunidad en los eventos de 2019.