Un clamor por el agua:
El viernes 4 de abril de 2025, más de 50 personas, entre hombres, mujeres y niños, de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Turubó Este, del Municipio de San José de Chiquitos, apoyados por el Subgobernador de la Provincia Chiquitos, Ing. Hugo Antonio Salmón Rivero y comunarios del Valle de Tucabaca, se congregaron en el juzgado de Roboré. Su objetivo: exigir justicia por la alteración del Río San Lorenzo.
La demanda, presentada por la comunidad indígena de Buena Vista, denuncia a Marco Andrés Maggi, propietario de un predio ganadero, por construir infraestructuras que han reducido el caudal del río y contaminado sus aguas.
Impacto devastador:
Los comunarios de Ipias, San Juan, Ramada y Entre Ríos, afectados por el accionar del empresario, se hicieron presente en el lugar junto a la autoridad provincial, además de una considerable cantidad de personas del Comité de Gestión del Área Protegida Municipal de Tucabaca, quienes se sumaron a la demanda.
La escasez de agua ha provocado pérdida de cultivos y animales, enfermedades y un deterioro en la calidad de vida.
El río San Lorenzo es vital para el consumo humano, la pesca y la agricultura, y forma parte de una red hídrica crucial para ecosistemas como los bofedales y humedales de Otuquis y San Matías.
Estudios recientes señalan que la TCO Turubó Este ha sufrido la mayor perdida de recarga hídrica subterránea del país en los últimos 30 años.
Exigencias de las comunidades:
Las 240 familias afectadas demandan la remoción de las infraestructuras, la restauración de los ecosistemas y una compensación económica por los daños.
El abogado Rodrigo Herrera destaca la novedad de la demanda, al no existir precedentes de una comunidad que demande a una empresa ganadera por obstrucción de ríos.
La defensa del demandado:
La defensa de Marco Andrés Maggi sostiene que la obra no afecta el flujo del agua y que cuenta con los permisos ambientales.
José Antonio Rivero, miembro del equipo técnico del demandado, asegura que cuentan con un estudio hidráulico que respalda su versión. Alegan que los «encharcamientos» son por la pendiente natural del terreno.
Próximos pasos:
El juez determinó abrir una fase de «producción de pruebas», que incluye una visita in situ y un peritaje técnico-legal, misma que tiene como fecha y hora ara realizarla, el viernes 11 de abril a hrs. 09:00. La comunidad espera que esta etapa se concretice, tras una suspensión previa.
Un precedente crucial:
El caso del Rio San Lorenzo podría sentar un precedente para la defensa de derechos colectivos y la protección de cuencas en Bolivia.
Las TCOs enfrentan presiones por la sequía, la expansión agroganadera y la falta de regulación ambiental. Las comunidades denuncian la falta de regulación y la impunidad de las personas con poder económico. Amelia Melgar, de Entre Ríos, lanza un llamado a las autoridades para que se restituya el acceso al agua.
