En la en la carta la senadora y los parlamentarios le recuerdan a Reneaum Panzsi que han transcurrido más de 14 meses desde el secuestro político y posterior detención ilegal de la primera autoridad del departamento de Santa Cruz en una cárcel de alta seguridad de La Paz, quien es víctima, además, de una actitud de dilaciones y un silencio cómplice de los organismos internacionales, por lo que continúa siendo sujeto de violaciones graves a sus derechos humanos fundamentales y que las leyes bolivianas, que se tornan ineficientes para proteger los derechos humanos y políticos de cualquier ciudadano en Bolivia.

“Como Asambleístas Nacionales solicitamos se haga un llamado urgente al gobierno boliviano para el cumplimiento de las determinaciones judiciales, por nuestra parte continuaremos denunciando incansablemente la violación de los derechos del gobernador Luis Fernando Camacho, insistiremos en los recursos internacionales que aunque poco efectivos, constituyen la única salida para que a nivel internacional respondan los autores de estos ilícitos, que por su gravedad, generalidad y sistematicidad pueden calificarse como crímenes internacionales de lesa humanidad.

Asimismo, esperamos que este Órgano pueda contribuir en evitar mayores violaciones de derechos en perjuicio de ciudadanos bolivianos”, señala en partes salientes la carta firmada por Rek y otros parlamentarios.

Además, la carta le recuerda a la CIDH que una resolución judicial emitida por el Tribunal de Justicia de Santa Cruz determinó el traslado del gobernador Luis Fernando Camacho a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para que asista de forma presencial a una audiencia prevista para el próximo 11 de marzo, la misma que está relacionada con un supuesto delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, denominado “Decretazo”.

“Sin embargo, pese a la existencia de una resolución del Tribunal 8 de Sentencia de la Capital de Santa Cruz que, conforme a las reglas de procedimiento penal, no tiene recurso de apelación y que cumple con los principios procesales de inmediación y oralidad que rige a la materia pernal justamente para que no se vulneren los derechos y garantías constitucionales tanto de la parte denunciante y como de la acusada, el gobierno boliviano ha interferido y se ha trazado como objetivo principal boicotear dicho traslado determinado por el Órgano Judicial”, añade la misiva.

La carta resalta que el gobierno de Luis Arce Catacora, a través de su ministro de Gobierno, determinó que el traslado del Gobernador Luis Fernando Camacho, a Santa Cruz es inviable con el argumento de que se pondría en riesgo la salud, la vida y la integridad del pueblo boliviano, así como la tranquilidad del departamento de Santa Cruz; añadiendo el argumento falaz que la resolución de un juez no puede estar por encima de la seguridad del Estado. “El principio de inmediación no permite excepciones en la ley ni mucho menos a través de apreciaciones contrarias a la Constitución Política y las leyes vigentes, pues la ausencia del juez o de las partes en la audiencia anula el procedimiento”, se refuta en la carta.

Fuente: Senadora Centa Rek López