La lucha por el agua y la vida en la Chiquitanía ha trasladado su escenario a la capital del Estado. Representantes de la TCO Turubó Este y de la Central de Comunidades Indígenas Turubó de San José de Chiquitos (CCICHT) llegaron hasta Sucre para exigir al Tribunal Agroambiental que actúe con transparencia, celeridad y cese la dilatación en el caso del río San Lorenzo.

Para entender cómo este afluente vital terminó convirtiéndose en un expediente paralizado en los escritorios judiciales, es necesario repasar una línea de tiempo marcada por el daño ambiental y la resistencia indígena.

La línea del tiempo: El camino de destrucción y la búsqueda de justicia

• Noviembre de 2020: La muerte del río

La construcción de presas privadas sobre el cauce del río San Lorenzo reduce progresivamente su caudal hasta provocar su sequía total. Las comunidades indígenas de Buena Vista, San Juan, Entre Ríos, Ramada e Ipiás pierden de golpe su principal fuente de agua, desencadenando una crisis social y ambiental en la región.

• Noviembre de 2025: Una sentencia histórica

Tras cinco años de sequía, denuncias y reclamos, el Juzgado Agroambiental de Roboré emite la Sentencia N.º 06/2025. La justicia falla a favor de la naturaleza y de los pueblos indígenas, ordenando:

• La restitución inmediata del cauce natural del río.

• La demolición y remoción de las presas construidas.

• La reforestación de las riberas del río.

• El resarcimiento económico por los daños ocasionados a las cinco comunidades afectadas.

• Primer trimestre de 2026: La contraofensiva legal

Los demandados interponen recursos de casación. Este movimiento legal logra suspender temporalmente la ejecución de la sentencia de Roboré, dejando al río San Lorenzo en un limbo jurídico mientras las presas siguen bloqueando el paso del agua.

• Julio de 2026: El viaje a Sucre y la denuncia de irregularidades

Al cumplir más de cuatro meses de espera sin que el Tribunal Agroambiental resuelva el recurso, las autoridades indígenas deciden viajar hasta Sucre. Al llegar, se encuentran con un panorama preocupante: falta de notificaciones oportunas, trabas para revisar el propio expediente judicial y una polémica resolución que suspendió los plazos legales para dictar sentencia.

Alerta ante la inminencia de «El Niño»

La desesperación de los comunarios no es solo legal; es climática. Con las alertas encendidas por un evento de El Niño de alta intensidad previsto para este año, la permanencia de las presas sobre el río San Lorenzo podría agravar de manera irreversible los daños en los ecosistemas locales y condenar a las comunidades a una sequía aún más severa.

Ante este escenario, la delegación indígena ha presentado un memorial exigiendo que se deje sin efecto la suspensión de plazos, se confirme la Sentencia N.º 06/2025 de Roboré y se ordene su ejecución forzosa de manera inmediata.

«No pedimos privilegios; pedimos que la justicia actúe con la celeridad y transparencia que merece un caso que afecta derechos fundamentales y el patrimonio ambiental de la Chiquitanía», manifestó con firmeza Juan Pablo Rojas Gil, representante de la Central Turubó.

Las comunidades indígenas de la TCO Turubó Este han hecho un llamado abierto a los defensores de los derechos humanos, instituciones ambientales y a toda la ciudadanía boliviana para vigilar de cerca la resolución del Tribunal Agroambiental. Lo que se decida en Sucre en las próximas semanas no solo definirá el destino del río San Lorenzo, sino que sentará un precedente histórico para la defensa de los recursos hídricos en toda Bolivia.