Ante la emergencia suscitada por el caso del comunario Ricardo Peña y las denuncias de avasallamientos, diversas instituciones de San José de Chiquitos reactivaron este lunes el Comité de Defensa de la Tierra y el Territorio. Durante una reunión interinstitucional en la Casa del Bastón, encabezada por el Cacique General Ernesto Barba, se determinó exigir una auditoría técnica al INRA y a la ABT, además de solicitar una pausa administrativa al Concejo Municipal para frenar nuevas resoluciones de asentamiento.

El encuentro, calificado de alta prioridad, contó con la participación del Subgobernador de la Provincia Chiquitos, el Presidente del Comité Cívico, la directiva de la Central Indígena «Turbó», la Central Campesina (a la que pertenece el afectado Ricardo Peña), y Concejales Municipales, entre otras autoridades.

Ernesto Barba, Cacique General de la Casa del Bastón, informó que la principal conclusión fue la reactivación inmediata del Comité de Defensa de la Tierra, organismo que había perdido fuerza desde 2023 pero que ahora busca unificar la lucha del pueblo josesano. «Se ha pedido que sean fidedignos y comprometidos, porque no van a defender solo al Cabildo o a una Central, sino a todo el territorio de la provincia», enfatizó Barba.

Asimismo, las autoridades indígenas informaron que han remitido documentación oficial a la Viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, solicitando su intermediación ante el nivel central. Del mismo modo, se busca hacer llegar estas denuncias a la Cámara de Senadores para garantizar que el conflicto no quede en la impunidad.

Entre las demandas centrales del Comité figura la solicitud de una auditoría externa al INRA y a la ABT. Las autoridades indígenas denuncian irregularidades en la emisión de permisos de desmonte y resoluciones de asentamiento que presentan sobreposición de tierras, una problemática que, según afirman, el INRA prometió revisar en 2024 sin resultados hasta la fecha.

Adicionalmente, se elevará una petición formal al Concejo Municipal de San José para declarar una «Pausa Administrativa» en la emisión de resoluciones locales hasta que se esclarezca la situación legal de los predios en conflicto y concluyan las investigaciones que actualmente realizan la Fiscalía y la Policía en la zona de los hechos.

Respecto a la posibilidad de convocar a un Cabildo abierto, el Cacique General señaló que la decisión dependerá de los resultados que obtenga la comisión cívica en La Paz el próximo miércoles. Una vez el Presidente Cívico retorne con el informe ante las autoridades de las 15 provincias, se evaluará si se convoca a la población para definir nuevas medidas de presión en defensa del territorio chiquitano.