El presidente Rodrigo Paz declaró que su administración impulsará la anulación del aporte obligatorio del 1% del salario destinado a los sindicatos, asegurando que los trabajadores podrán recibir su remuneración íntegra sin descuentos forzosos. El mandatario criticó duramente el manejo de estos fondos por parte de dirigentes sindicales, a los que acusó de malversación y de atentar contra la democracia.

En una reciente declaración, Paz enfatizó que “ahora los trabajadores van a recibir su sueldo completito”, al referirse a la iniciativa que convertirá estos aportes en voluntarios. Según el jefe de Estado, esta medida busca corregir un sistema que obliga a los empleados a financiar organizaciones sindicales independientemente de su afiliación, permitiendo que solo contribuyan quienes lo deseen libremente.

El aporte del 1% ha sido un mecanismo tradicional en Bolivia para el financiamiento de sindicatos, especialmente en sectores como la Central Obrera Boliviana (COB), donde los descuentos automáticos afectan a miles de trabajadores formales. Fuentes oficiales indican que esta reforma se enmarca en un paquete de ajustes económicos y laborales, similar a tendencias regionales observadas en países como Argentina, donde se han limitado o eliminado cuotas solidarias obligatorias en convenios colectivos durante 2025.

Críticos del sistema actual, incluido el propio Gobierno, han señalado casos de presunto mal uso de estos recursos. Investigaciones periodísticas recientes destacan que dirigentes de la COB perciben salarios elevados y beneficios millonarios, financiados en parte por estos aportes, lo que ha generado cuestionamientos sobre transparencia y equidad. Paz argumentó que tales prácticas “atentan contra la democracia” al concentrar poder en líderes que no siempre representan los intereses genuinos de los afiliados.

Sindicalistas y opositores han expresado preocupación por el impacto en la autonomía de las organizaciones obreras, anticipando posibles movilizaciones. Sin embargo, el Ejecutivo defiende la propuesta como un paso hacia mayor libertad individual y eficiencia en el manejo de los salarios.

Esta iniciativa podría implementarse mediante decreto o proyecto de ley en las próximas semanas, en un contexto de tensiones laborales y ajustes fiscales tras la eliminación de subsidios a combustibles. El Gobierno espera que la medida impulse la confianza de los trabajadores al garantizarles el control total sobre su ingreso mensual.