La jueza Lilian Moreno Cuéllar, del Juzgado 14 de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres, anuló la imputación formal y la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, acusado de trata agravada de personas en un caso vinculado a una presunta relación con una menor. La decisión, que ha generado controversia, permite a Morales circular libremente y traslada el proceso a Villa Tunari, su bastión político.
El fallo de la jueza Moreno, emitido el 24 de abril y conocido públicamente el 30 de abril, dejó sin efecto todos los actos procesales e investigativos contra Morales, incluyendo la orden de captura emitida en octubre de 2024 por la Fiscalía de Tarija. Según el abogado defensor Nelson Cox, la resolución garantiza a Morales “libertad irrestricta” y responde a un trámite presentado por la defensa, que argumentó irregularidades en el proceso, como la vulneración del principio del juez natural y la reapertura indebida de un caso cerrado en 2020.
El caso se originó por una denuncia que acusa a Morales de haber mantenido una relación con una menor de 15 años en 2015, con quien habría tenido una hija. La Fiscalía de Tarija lo investigaba por trata de personas con agravantes, alegando que los padres de la menor la entregaron a cambio de beneficios políticos. Sin embargo, Moreno consideró que la Fiscalía actuó sin control jurisdiccional adecuado y que el proceso “nació muerto” debido a errores procedimentales.
La decisión ha desatado fuertes críticas. Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, expresó su rechazo, afirmando que no comparte fallos que permitan a procesados por delitos graves “burlarse de la justicia”. La diputada Luciana Campero calificó el fallo como “vergonzoso” y acusó a Moreno de proteger a Morales, a quien llamó “abusador de niñas”. El Consejo de la Magistratura anunció que revisará la legalidad de la resolución y advirtió sobre posibles sanciones si se confirma que Moreno actuó contra la ley.
Morales celebró la decisión en su cuenta de X, declarando que “llegó la justicia” y agradeciendo a sus seguidores del Trópico de Cochabamba, a la Pachamama y a sus padres fallecidos. El expresidente, quien busca postularse a la presidencia en 2025 pese a un fallo constitucional que lo inhabilitaría, denunció una persecución política por parte del gobierno de Luis Arce para proscribirlo electoralmente.
La jueza Moreno, quien ya había anulado una orden de captura contra Morales en octubre de 2024, enfrenta cuestionamientos por su historial. Exfuncionaria durante el gobierno de Morales y vinculada a otros fallos polémicos, como la liberación de la exalcaldesa Angélica Sosa, Moreno solicitó una licencia de seis días tras emitir la resolución y su paradero es investigado por la Policía, que no descarta una posible salida del país.
El fallo a favor de Morales reaviva el debate sobre la independencia judicial en Bolivia y pone en entredicho la capacidad del sistema para abordar casos de alto perfil. Mientras el proceso se traslada a Villa Tunari, donde Morales cuenta con fuerte apoyo, la Fiscalía y las autoridades judiciales enfrentan el desafío de responder a las críticas y garantizar que la investigación continúe bajo un marco legal sólido. El caso, lejos de cerrarse, promete seguir siendo un punto de tensión en el polarizado escenario político boliviano.
