Los mineros asalariados de empresas estatales como Huanuni y Colquiri, principales impulsores de las movilizaciones contra el Decreto Supremo 5503 que eliminó los subsidios a los combustibles, registran ingresos mensuales que oscilan entre 30.000 y 50.000 bolivianos, cifras significativamente superiores al promedio nacional.

Las protestas, que cumplen una semana con bloqueos de caminos, marchas en La Paz y el uso de dinamita en algunos puntos, tienen como eje central la demanda de abrogación del DS 5503, promulgado a mediados de diciembre y que declara emergencia económica para liberalizar los precios de la gasolina y el diésel. El incremento en los costos operativos y de transporte afecta directamente al sector minero y a la población en general.

Los mineros asalariados, afiliados a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y vinculados a la Central Obrera Boliviana (COB), son los que perciben los salarios más altos del grupo movilizado. Según datos circulantes y reportes previos, sus ingresos incluyen salario básico (entre 17.000 y 22.000 bolivianos), bonos de producción, horas extras y otros beneficios, lo que permite que algunos trabajadores alcancen remuneraciones excepcionales de hasta 88.000 bolivianos mensuales. Estas cifras, sostenidas durante el período de altos precios internacionales de los minerales, contrastan con el salario mínimo nacional, que ronda los 2.500 a 3.000 bolivianos.

En paralelo, los mineros cooperativistas no auríferos (principalmente de estaño y zinc en Potosí, Oruro y Cochabamba) que participan en las protestas no cuentan con salario fijo. Sus ingresos dependen exclusivamente de la producción y el reparto de utilidades, con promedios estimados entre 5.000 y 8.000 bolivianos mensuales, aunque altamente variables según la coyuntura del mercado.

Cabe destacar que los cooperativistas auríferos, dedicados a la extracción de oro, no se sumaron a las movilizaciones tras llegar a acuerdos con el Gobierno y aceptar los nuevos precios de los combustibles, que ya pagaban a valores superiores desde hace más de un año.

Las movilizaciones, lideradas por sectores sindicales de la COB, han anunciado una radicalización en los próximos días si no hay respuesta oficial a la demanda de derogatoria del decreto. El Gobierno mantiene su posición de que la medida es necesaria para estabilizar la economía y evitar el contrabando de combustibles.