La Asamblea Extraordinaria de la Nación Chiquitana, representada por la Organización Indígena Chiquitana (OICH), se declaró en estado de emergencia tras denunciar graves amenazas contra sus territorios ancestrales. El sector rechaza categóricamente la reciente aprobación de la Ley 157, calificándola como un atentado a la integridad de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y un retroceso en los derechos de autodeterminación de los pueblos indígenas de tierras bajas.

En un pronunciamiento público emitido en San José de Chiquitos, los líderes de las cinco provincias chiquitanas (Velasco, Chiquitos, Ángel Sandoval, Ñuflo de Chávez y Germán Busch) fundamentaron su rechazo en la preexistencia histórica de su nación, que data de más de seis mil años. La organización sostiene que la nueva normativa «rompe la frontera de protección territorial» al facilitar la conversión de tierras con requisitos mínimos y mecanismos simplificados que favorecen al agronegocio.

Amenazas y críticas técnicas

La OICH identificó una serie de problemáticas críticas que motivan su movilización, entre ellas:

• Flexibilización de la Función Económica Social (FES): Denuncian que la suspensión de facto de la verificación de la FES reduce la capacidad del Estado para garantizar que la tierra cumpla un fin social.
• Invasión territorial: El avance de la frontera agrícola, la distribución irregular de tierras fiscales sin participación indígena y los avasallamientos constantes.

• Exclusión financiera: Rebaten el argumento oficial del «acceso masivo al crédito», señalando que los pequeños productores indígenas quedan estructuralmente excluidos debido al bajo valor de sus tierras y la concentración de tecnología en grandes capitales extranjeros.

Demandas al Estado Plurinacional

Ante esta situación, la resolución de la Asamblea exige la convocatoria inmediata a la Comisión Interinstitucional de Tierras Comunitarias (CITCO) para el 14 de abril de 2026. Asimismo, demandan que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y el Tribunal Agroambiental realicen una revisión exhaustiva de la distribución de tierras en el territorio chiquitano para detectar irregularidades y superposiciones.

Finalmente, el pronunciamiento recuerda al Gobierno que cualquier política pública que afecte la integridad territorial debe someterse a un proceso de consulta previa, libre e informada, conforme a estándares internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

«La tierra y el territorio constituyen la base material, cultural y espiritual de nuestra existencia. Su defensa es un mandato histórico», concluye el documento firmado por los caciques y representantes de las centrales indígenas, el pasado 9 de abril.