El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de San Ignacio de Velasco realizó un recorrido institucional para verificar la atención a la ciudadanía y denunció casos de estafas a jubilados y retención de subsidios laborales, mientras aclaró que su institución es la única reconocida constitucionalmente en Bolivia.

Manuel Cambará Durán, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de San Ignacio de Velasco con jurisdicción en toda la Chiquitanía, desarrolló una jornada de supervisión institucional el pasado miércoles, visitando dependencias de la Policía, Fiscalía, juzgados y el hospital local, con el objetivo de verificar que las personas recibieran una atención adecuada y que sus derechos fundamentales fueran respetados.

Durante el recorrido, Cambará Durán explicó que el trabajo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos se realizaba «a honores», tal como estaba plasmado en la Constitución Política del Estado, y que su misión principal consistía en brindar apoyo a las personas cuyos derechos habían sido vulnerados, interviniendo de manera inmediata cuando las instituciones no podían resolver los casos de forma oportuna.

Casos urgentes: subsidios retenidos y estafas millonarias

Uno de los focos de atención fue la situación de trabajadoras de un frigorífico local, a quienes se les debían ocho meses de subsidios prenatales de 2.000 bolivianos cada uno. El defensor anunció que se dirigiría al establecimiento para investigar la demora en los pagos, señalando que «toda plata, sea 1.000 o 2.000 bolivianos, para esta gente que tiene familia es bienvenida».

Asimismo, Cambará Durán abordó un caso de estafa múltiple que afectó a jubilados y comunarios de San Lucas y otras comunidades de la Chiquitanía. Según detalló, un ex funcionario de la Cooperativa San Martín habría sustraído aproximadamente medio millón de bolivianos mediante el refinanciamiento de créditos que nunca fueron entregados a los beneficiarios.

«Este casito ya lo vi hace dos meses atrás, lo recepcioné, fui a la comunidad de San Lucas», manifestó el presidente de la APDH. Como resultado de la intervención de Derechos Humanos, dos personas implicadas fueron aprehendidas y recluidas en el centro penitenciario de Palmasola, en Santa Cruz. Sin embargo, el presunto autor intelectual del fraude se encontraba prófugo, con la posibilidad de que hubiera abandonado el país.

Asesoría legal gratuita y accesible

El directorio de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de San Ignacio de Velasco estaba conformado por siete miembros, más la asesoría legal del licenciado Iber Moreno. Cambará Durán aclaró que la atención a la ciudadanía se brindaba de manera flexible: en la universidad, en instituciones públicas o incluso en la comisaría, dependiendo de la urgencia del caso.

«Si me llaman de emergencia, estoy en la policía, lo atiendo en la policía; si estoy en cualquier otra institución, lo puedo atender ahí para poder ver y dar una solución a su problema», indicó el defensor.

Capacitación ciudadana: un derecho que muchos desconocen

El presidente de la APDH destacó que muchas personas desconocían sus derechos laborales básicos. Puso como ejemplo el cálculo de beneficios sociales: «Algunos me preguntaban: ‘trabajé 5 años y solamente me dieron 2.000 bolivianos’. Nosotros sacamos los cálculos, y les decimos: ‘no son 2.000, son 11.000 o 15.000 bolivianos'».

Gracias a la intervención de la Asamblea, las empresas procedían a cancelar los montos correspondientes al verificar que la institución respaldaba técnicamente los reclamos de los trabajadores.

Aclaración institucional: una sola Asamblea en Bolivia

En un punto relevante para la opinión pública, Manuel Cambará Durán aclaró que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia era la única institución reconocida constitucionalmente en el país. «Desconocemos a la Iberoamericana porque la Asamblea Permanente de Bolivia es única y es solamente de Bolivia Nacional», sentenció.

Respecto a personas que ostentaban cargos de «Derechos Humanos Iberoamericanos», el defensor señaló: «Si va a ayudar, que ayude; toda  ayuda, es bienvenida. No hablo mal de ella, pero si lo va a hacer de todo corazón, yo la voy a apoyar. Pero esa institución no es reconocida en Bolivia, eso que quede claro».

Compromiso con la Chiquitanía

Manuel Cambará Durán reiteró su compromiso de mantenerse a la disposición de cualquier ciudadano que sintiera vulnerados sus derechos, sin importar su condición social, profesional o económica. «Todos tenemos el mismo derecho, así que nosotros como Asamblea Permanente de Derechos Humanos siempre vamos a estar a la espera de cualquier llamado», concluyó.

La jornada de trabajo del defensor evidenció la importancia de contar con instituciones de control social que velaran por el cumplimiento de los derechos fundamentales, especialmente en regiones como la Chiquitanía, donde el acceso a la justicia y a la información legal representaba un desafío cotidiano para miles de habitantes.

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Fuentes consultadas:

Entrevista exclusiva con Manuel Cambará Durán, presidente de la APDH San Ignacio de Velasco

Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia

Fiscalía General del Estado – Distrito Chiquitanía

Contacto de prensa:

Asamblea Permanente de Derechos Humanos – San Ignacio de Velasco

Jurisdicción: Toda la Chiquitanía, Santa Cruz, Bolivia