Filemón Mamani, presidente del Concejo Municipal de El Puente en la provincia Guarayos, denunció este viernes que un grupo de 30 a 50 encapuchados armados tomó violentamente su propiedad «Puesto Nuevo» el jueves al mediodía, reteniendo a cinco trabajadores por más de nueve horas, hiriendo a uno de bala en la pierna y ultrajándolos física y verbalmente. Los avasalladores, identificados como interculturales liderados por Romy Carbajal, alegan que las tierras son fiscales, mientras Mamani asegura haberlas adquirido legalmente en 2015.
El incidente ocurrió en la propiedad «Puesto Nuevo», ubicada a 23 kilómetros de Ascensión de Guarayos, en la zona de La Chonta, dentro del departamento de Santa Cruz. Según la denuncia presentada por Mamani ante las autoridades, los invasores irrumpieron con rostros cubiertos y armas de fuego de grueso calibre, aprovechando que el concejal no se encontraba en el lugar. Los cinco trabajadores fueron sometidos a un secuestro prolongado, con agresiones verbales y físicas, culminando en un disparo que hirió a uno de ellos en la pierna, con entrada y salida de proyectil.
Al enterarse de los hechos, Mamani se desplazó esta mañana junto a efectivos policiales hacia la propiedad para recuperar el control, pero el grupo ocupante respondió con disparos, impidiendo el ingreso. «La policía optó por retirarse para evitar enfrentamientos y derramamiento de sangre», relató el concejal en declaraciones a Radio El Cacique desde la capital de Guarayos.
Mamani identificó a los líderes del avasallamiento como Romy Carbajal, dirigente de los interculturales, junto a Filiberto Tizco, Ernesto Campo, Noelio Aguirre, Leandro Atimini y Andrés Cuñanpi, entre otros. Los ocupantes argumentan que los 490 hectáreas son tierras fiscales y que el asentamiento de Mamani es ilegal. Sin embargo, el presidente del Concejo asegura que compró el predio de manera legal a la familia Antelo en 2015, y cuenta con documentación que respalda su tenencia.
Además, el denunciante reportó abusos adicionales por parte de los invasores, quienes habrían carneado una de sus reses de forma arbitraria, afectando sus bienes ganaderos. Este tipo de conflictos por tierras no es nuevo en la provincia Guarayos, una región amazónica de Bolivia con una larga historia de disputas territoriales entre propietarios privados, comunidades indígenas y grupos interculturales –colonizadores provenientes de otras regiones del país–. Según informes históricos, como el análisis del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) sobre conflictos en Las Londras en 2022, estas tensiones a menudo involucran reclamos sobre tierras fiscales en proceso de saneamiento, exacerbadas por la lentitud en los títulos agrarios bajo la Ley INRA (Ley 1715 y modificatorias). En el contexto actual de Bolivia, marcado por una crisis económica y política en 2025 –incluyendo protestas antigubernamentales que han dejado muertos y heridos en junio, según reportes internacionales–, estos avasallamientos reflejan la inestabilidad en las zonas rurales.
La provincia Guarayos, con una población mayoritariamente indígena guaraní y una economía basada en la agricultura y la ganadería, ha sido escenario de múltiples tomas violentas en los últimos años, impulsadas por la presión demográfica y la escasez de tierras productivas.
Mamani exigió una intervención inmediata de las autoridades departamentales y nacionales para desalojar a los ocupantes y garantizar la seguridad de sus trabajadores, advirtiendo que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía por secuestro, lesiones y daños a la propiedad. Mientras tanto, la Policía investiga el caso, en medio de llamados a evitar escaladas de violencia en una región ya tensionada por disputas territoriales.
