En un gran encuentro de la institucionalidad Josesana,  el alcalde Juan Diego Caballero anunció su apersonamiento formal ante el Tribunal Agroambiental asentado en la ciudad de Sucre, para acelerar el derribo del muro ilegal construido sobre el Río San Lorenzo y que afecta a más de 300 familias.

Las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos, liderizadas por el alcalde Juan Diego Caballero, el Concejo Municipal, el Cabildo Indígena, la Subgobernación y la Central Turubó, reafirmaron su alianza estratégica en la Reunión Interinstitucional en Defensa del Río San Lorenzo. Durante el encuentro, el Ejecutivo municipal dio lectura a un pronunciamiento oficial mediante el cual asume el compromiso pleno de apersonarse legalmente ante el Tribunal Agroambiental en Sucre para exigir celeridad en la ejecución de la sentencia que ordena la demolición de la infraestructura que obstruye el cauce natural del río.

El conflicto socioambiental se remonta al año 2019, cuando la construcción no autorizada de un terraplén y un muro de contención dentro de un predio ganadero privó del recurso hídrico a aproximadamente 338 familias pertenecientes a la TCO Turubó Este. Esta alteración afectó directamente a las comunidades originarias de San Juan, Buenavista, Entre Ríos, Ramadas e Ipias, generando severas limitaciones en el acceso al agua para consumo humano, actividades agrícolas y ganaderas de subsistencia.

A pesar de que el Juzgado Agroambiental de Roboré dictó una sentencia favorable que dispone la restitución del caudal original y la destrucción del dique, el proceso legal ha enfrentado dilataciones por recursos presentados ante el máximo tribunal agroambiental en la capital del país. Ante este escenario, la máxima autoridad edil ratificó que el municipio pondrá a disposición apoyo operativo, logístico e información técnica institucional para respaldar el traslado de las dirigencias indígenas hasta Sucre, con el propósito de garantizar el resguardo del patrimonio ambiental josesano.

Con este accionar conjunto, el Gobierno Municipal busca sentar un precedente en la protección de los derechos de los pueblos originarios chiquitanos y la preservación de las cuencas hídricas del municipio, asegurando un seguimiento estricto hasta la consolidación definitiva del fallo judicial.