En un esfuerzo por responder a la creciente preocupación ambiental en Bolivia, La Asociación de Comités de Gestión de las Áreas Protegidas del Chaco, la Chiquitanía, el Pantanal y la Amazonía Sur (CGAPCHCHPA) convocó a una reunión extraordinaria en la Universidad Católica Boliviana «San Pablo». El objetivo central de este encuentro, que se extiende durante toda la jornada, es analizar las implicaciones del reciente Decreto Supremo 5390, una normativa que ha sido calificada como una seria amenaza para las reservas forestales y los derechos de los pueblos indígenas del país.

La jornada, que inició a las 9:00 AM, reúne a expertos, académicos, líderes de organizaciones indígenas y dirigentes de Comités de Gestión de Áreas Protegidas, para desglosar el impacto de este decreto, promulgado el pasado 14 de mayo. La alarma se ha desatado debido a que, a pesar de su lenguaje aparentemente conservacionista, la normativa permitiría la legalización de asentamientos ilegales y cambios de uso de suelo en áreas protegidas, comprometiendo el equilibrio ecológico del país.

Análisis Profundo y Llamado a la Acción Ante una «Ley Desastrosa»

La agenda de la reunión subraya la seriedad de la situación. Tras la apertura y la presentación de los alcances del Decreto Supremo 5390 por Humberto Jorge Vargas (Pte. ACGAPCHCHPA), Óscar Ortiz (UCB) y Carmen Miranda (SAVIA), así como las normativas de ordenamiento territorial por Alcides Vadillo, la discusión se abrió a todos los participantes. Entre las actividades clave, se destaca la redacción y firma de un pronunciamiento conjunto por parte de los miembros del CGAPCHCHPA, con el apoyo técnico de Clínica Jurídica y la lectura final del documento.

Expertos y organizaciones ambientalistas han argumentado previamente que el Decreto Supremo 5390 es «desastroso» y que «invita a la deforestación de lo poco que nos queda». Su aplicación podría revertir años de protección para vastas extensiones de bosques, como las Tierras de Producción Forestal Permanente y las Reservas Forestales, que hasta ahora contaban con una doble salvaguarda legal contra asentamientos y desmontes. Casos como el de la Reserva Forestal El Choré, que ya ha sufrido una paulatina flexibilización de sus restricciones, sirven como precedente preocupante.

Taller sobre Derechos Indígenas y Crisis Hídrica: Impacto Directo en la Chiquitanía

La tarde de la jornada se dedica a un taller crucial sobre «Construcción de Documento sobre Vulneraciones a Derechos Indígenas en la Región Chiquitana». Roxana Arancibia (UCB) abordará los lineamientos para el documento y la historia del Convenio 169 de la OIT, enfatizando la importancia de la consulta previa a los pueblos indígenas. Este punto es particularmente relevante, ya que el Decreto 5390 ha sido criticado por no realizar una consulta previa adecuada, lo que vulnera el Convenio 169 y el papel de los pueblos indígenas como «guardianes ancestrales» de los bosques.

Carlos Pinto (FAN) discutirá el «Derecho a la Conservación del Medio Ambiente – Incendios en la Chiquitanía», un tema de gran urgencia en Bolivia, que se encuentra entre los países con mayor deforestación a nivel mundial y que ha sufrido incendios devastadores en los últimos años. Finalmente, Mónica Guzmán (UCB-IHDRA) y Fredy Rivero (SAVIA) presentarán una propuesta de ley municipal ante la «Crisis hídrica en la Chiquitanía y resistencia local», un problema directamente relacionado con la deforestación que podría intensificarse con la aplicación del nuevo decreto. La jornada culminará con las conclusiones y el cierre a cargo de Fredy Rivero.

Un Futuro Incierto para el Patrimonio Natural de Bolivia

La centralización de la gestión forestal, la permisividad para el cambio de uso de suelo y la legalización de actividades ilegales son solo algunas de las preocupaciones que giran en torno al Decreto Supremo 5390. Este encuentro en Santa Cruz de la Sierra no solo busca analizar en profundidad estas amenazas, sino también generar un pronunciamiento contundente y propuestas concretas para proteger el patrimonio natural y los derechos de las comunidades que dependen de él. La sociedad civil y las organizaciones ambientales están en alerta máxima, conscientes de que el futuro de los bosques bolivianos y el equilibrio ambiental del país están en juego.