En la Sesión Ordinaria N° 65 del Concejo Municipal de San José de Chiquitos, se generó un intenso debate tras la lectura de una nota enviada por la institucionalidad joseana solicitando una pausa administrativa en la emisión de resoluciones de reconocimiento de asentamientos territoriales.

La institucionalidad de San José de Chiquitos, integrada por organizaciones como el Comité Cívico Pro Intereses, la Central Única de Comunidades Campesinas Chiquitanas, Central de Comunidades Indígenas Chiquitanas, el Cacique General, el Subgobernador de la Provincia Chiquitos y otros representantes, remitió una nota al Concejo Municipal pidiendo suspender temporalmente la aprobación de nuevas resoluciones de reconocimiento de espacio territorial. La solicitud surge en medio de preocupaciones por presuntas irregularidades históricas en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), sobreposiciones de tierras, corrupción y recientes episodios de violencia que han generado tensión en el municipio.

Durante el debate, los concejales expusieron posiciones diversas. El concejal Joselito Nogales insistió en continuar el trámite de al menos tres carpetas ya inspeccionadas y pendientes solo del Informe Técnico Municipal, argumentando que el proceso sigue una secuencia legal (aprobación municipal, concejo y subgobernación). Propuso avanzar en esos casos específicos y pausar posteriormente nuevas inspecciones hasta que se aclare la situación.

Por su parte, la concejal Vilma López reconoció los problemas generados por decisiones pasadas del INRA, como sobreposiciones y disputas territoriales, y valoró el esfuerzo institucional para lograr cambios en la entidad. Destacó la amplitud de la nota, firmada por prácticamente toda la institucionalidad joseana, e invitó a la comisión respectiva del Concejo, a participar en futuras reuniones del cabildo para abordar el tema con responsabilidad. Rechazó cualquier forma de violencia, especialmente contra personas de la tercera edad, y abogó por el respeto a las normativas nacionales.

El concejal Jonatan Peña atribuyó la situación a décadas de corrupción en el INRA, influencias políticas y mal manejo que han afectado a muchos bolivianos. Se opuso a aprobar más resoluciones mientras persistan observaciones a la institución, proponiendo esperar una auditoría interna y una limpieza del organismo. Sugirió enviar una nota propia del Concejo Municipal de San José de Chiquitos, al INRA exigiendo celeridad en el saneamiento, prioridad para San José de Chiquitos por el impacto mediático y los incidentes violentos.

Otros concejales, como Teófilo Limachi, enfatizaron que el Concejo debe actuar bajo normativas vigentes y no oponerse a procesos legales, mientras que Herlin Chuvé Rosas alertó sobre parcializaciones históricas del INRA a favor de ciertos sectores políticos, citando ejemplos de sobreposiciones, y recomendó cautela para evitar responsabilidades futuras en auditorías.

La concejal Luz Mery Ábrego defendió el rol limitado del Concejo, que solo actúa sobre informes técnicos completos provenientes del Ejecutivo municipal. Cuestionó por qué cargar toda la responsabilidad al órgano legislativo y sugirió que la institucionalidad envíe la misma nota al alcalde para pausar inspecciones técnicas. Insistió en que, si una carpeta cumple todos los requisitos, no hay argumento legal para rechazarla, y abogó por una coordinación interinstitucional y reformas a leyes nacionales y departamentales sobre dotación de tierras.

Finalmente, la presidenta del Concejo, Sonia Rejala, llamó a la unidad entre concejales, reiteró el compromiso con las normativas y recordó que las decisiones se basan en informes positivos del Ejecutivo municipal e INRA. Descartó actuar unilateralmente y rechazó la violencia como medio para resolver conflictos, promoviendo el respeto a la convivencia y las normas.

El pleno derivó la nota a asesoría legal para un criterio técnico y acordó esperar los informes pendientes, sin definirse aún sobre la pausa solicitada. El tema refleja tensiones acumuladas en torno a la tenencia de tierras en la Chiquitania, donde conflictos históricos por asentamientos, avasallamientos y distribución de tierras fiscales han generado demandas recurrentes de auditorías y mayor transparencia en el INRA.