La fuente tradicional del líquido elemento que abastece a San José de Chiquitos refleja un retroceso en su provisión. Hoy en día los caudales de agua que consumen los habitantes, apenas, un 30% provienen del Arroyo Sutó y el 70% restante son generados en pozos profundos de producción inestable y decadente; con el agravante de los riesgos que esto implica: encontrar el agua, que sea apta para su consumo y sea sostenible en su caudal, adicionalmente a los costos económicos elevados de perforación y mantenimiento.
Se calcula el déficit diario aproximado de 300.000 a 500.000 litros/día en época de estiaje reciente (2020) que ha obligado a racionar el servicio en varios barrios, proveerse y trasladar el agua de comunidades aledañas para una población urbana de cerca de 18.000 habitantes (Coop. Comayo) con proyecciones de mayores déficits en años siguientes (ECCOS-.PM SCLV).
Antes, hace 15 años, más o menos; el afluente natural suministraba el 100% a esta localidad, que es la Cuna de la Cruceñidad y con su conjunto misional declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1990.
Las señales de peligro tienden a una llamada de alerta a la sociedad y autoridades de San José, por la trascendencia en el aporte de agua de esta corriente natural. ¿En qué contexto ocurre la reducción? El cauce cristalino del Sutó, que humedece la selva tupida de la serranía de Chiquitos, está localizado en el AP y/o UCPN Parque Nacional Histórico Arqueológico ‘Santa Cruz La Vieja’ (PNHASCLV). Sus árboles son los ‘fabricantes de agua’ para esta ciudad primigenia, capital de la
provincia Chiquitos.
El área protegida, distante a 2,5 km al sur de la plaza central de San José, abarca una superficie de 17.080 hectáreas originales y una ampliación de 80.000 hectáreas adicionales (ley municipal 04). Además del valor cultural y patrimonial de este parque, sus servicios ambientales, la gran valía biológica endémica de especies vegetales y de mamíferos de pequeño porte, son indiscutidas. Se encuentra en una zona importante de conectividad del bosque seco chiquitano con otras áreas protegidas como ser: Kaa Iya, Tucabaca, Ñemby Guasu y Laguna Concepción. Esta área forma parte del bloque chiquitano por donde pasa la carretera bioceánica Santa Cruz – Puerto Suárez.
Las causas de la afectación a la flora, fauna y servicios ambientales como el agua, con efectos duros, son evidentes en el sudeste chiquitano. El cambio climático planetario es acentuado y muestra modelos severos de afectación que ya se están dando: mucha lluvia en pocos meses manifestándose en extraordinarios niveles de precipitación en pocas horas, con escurrimientos veloces provocando inundaciones; y pronunciadas sequías en el resto del año, factor de los últimos incendios forestales; y cuyas características irán aumentando a corto y mediano plazo.
El consultor independiente, Fredy Rivero Antelo (ONG Savia), que preside al Comité de Gestión Parque Nacional Histórico y Arqueológico ‘Santa Cruz La Vieja’, mueve la lupa y advierte: “Los desmontes depredadores por asentamientos no planificados y avance de la frontera agropecuaria, en zonas de servidumbre ecológica en las sub-cuencas y microcuencas, como las del rio Parapetí, Quimome, Valle de Tucabaca, San Julián, Zapocó, Paraguá, Guapomó, Sutó y otras tantas, son el tiro de gracia para tamaña tragedia ecosistémica que condena, al paso que vamos, a la inexorable disminución y posterior riesgo de desaparición del líquido vital.” La referencia es también a zonas de recarga hídrica ya afectadas, por ejemplo, en Roboré, Concepción, San Miguel y San Ignacio de Velasco.
Una perforación de pozos es cara; en un rango de $us 100 el metro lineal; y a esto sumar los costos de mantenimiento y operación para extraerla debajo de la tierra, sobre todo para asegurar la cantidad y calidad del agua. Siendo que, en promedio, se perforan 100 metros de profundidad en la Chiquitania, el precio es de $us 10.000 sin contar la operación. ¿Y quiénes asumen estos montos y la manutención del pozo que alimenta a la red pública urbana?, son los socios que cargan con este gasto de dinero porque pagan el consumo mensual a la Cooperativa de Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario “1° de mayo” (Comayo), institución josesana que en este caso es la responsable del abastecimiento y distribución. Así vista la realidad, la perforación de más pozos profundos pone en riesgo la estabilidad financiera de ésta cooperativa. También los gobiernos municipales involucrados podrían sufrir consecuencias nefastas en la Chiquitania.
Las condiciones geológicas de la región chiquitana son muy diferentes a Santa Cruz de la Sierra. La vasta ecoregión del bosque seco chiquitano, con cerca de 17 millones de km, abarca más de la mitad del departamento oriental, se extiende por 5 provincias y cubre un aproximado del 20% del territorio boliviano. Aquí el factor diferenciador es el Escudo Precámbrico brasilero, formación geológica no horizontal e irregular, según áreas, con el grado muy bajo de percolación o retención de agua en su subsuelo y que dificulta la perforación de pozos profundos. Actualmente, hay alrededor de 18 pozos en operación conectados a la red pública. En toda la jurisdicción municipal de San José, la población es de 44.739 habitantes. (Proyección del año 2020. Instituto Nacional de Estadística, Revisión 2014).
El panorama es crítico en esta capital histórica, situada a 266 km de distancia de Santa Cruz de la Sierra, lugar dominado por el Valle de la Luna, el cerro Turubó y el Mirador del Riquió. Como reacción a la emergencia, se ha articulado desde el año 2020 el Comité Impulsor del Agua que gestiona y encara soluciones y alternativas a la insuficiencia del líquido elemento. La entidad conformada por la institucionalidad josesana y la cooperante ONG Savia traza acciones de planificación y buscan la construcción del Conjunto Hidráulico para la ciudad de San José, haciendo esfuerzos comunes con la Gobernación cruceña.
